Vicente J. Montes Gan Técnico Comercial y Economista del Estado Hoy enfrentamos grandes retos como sociedad, tanto de índole sanitaria como económica. Sin duda alguna, la crisis provocada por la Gran Epidemia exige una respuesta en el corto plazo a través de instrumentos que contribuyan a amortiguar su impacto en el crecimiento y en el empleo. No obstante, han de diseñarse, a su vez, medidas que permitan acompañar la transformación de la economía española en el medio y largo plazo. La receta parece sencilla, España necesita talento, empresas y buenas instituciones y sus prioridades deben ser la generación, retención y atracción de talento global, la producción innovadora y sostenible, la exportación de servicios y el desarrollo tecnológico con alto valor y grado de diferenciación, más aún en el actual escenario de cambio en el que es posible compartir globalmente el conocimiento humano y el cambio en multitud de ámbitos adquiere un carácter tan exponencial. Pero todos los esfuerzos que realicemos fraguarán en resultados reales si se dispone de los incentivos adecuados para cada uno de los agentes implicados. De ahí la importancia de disponer de un marco institucional que [...]

Por Agustín Navarro de Vicente-Gella User charges could contribute to a structural change in some public services’ financing model, especially those linked to infrastructures. This is particularly relevant in the current budgetary structural adjustment context. However, in Spain, addressing this issue has, in some sectors, been erratic and has lacked coherence. Charges to users have not always been introduced when feasible or even compulsory under EU law and when they have been introduced, actual demand and willingness to pay have not always been correctly estimated (for example, 8 bankrupt toll motorway concessions in 2018, after too optimistic forecasts made during the early 2000’s). On the other hand, where there is reluctance to charge users, scarcity of resources may delay necessary investments and deteriorate existing infrastructures, such as in the case of water services. All this leads to a blurred public service provision model that may neither be sustainable nor fair. Since other sources of financing (such as public debt) are constrained and will continue to be so in the foreseeable future, a stable long term model for the provision of public services with charges to users is needed to [...]

Hablar hoy de política industrial está de moda. Pero no ha sido así hasta hace poco más de 5 años. Y no digamos hace 25 años, cuando lo que estaba de moda era la filosofía que se podía resumir en la desafortunada frase de que “la mejor política industrial es la que no existe”. La crisis demostró que aquellos países donde el sector industrial tiene un peso importante en el PIB han sufrido menos sus consecuencias y les ha permitido capearla en mejor medida. Además, un peso industrial relevante otorga mayores dosis de estabilidad a las economías, garantiza un empleo de más calidad y está ligado a un sector exterior más competitivo y a mayores inversiones en I+D+i. Fue la Unión Europea (liderada por el hasta hace poco presidente del Parlamento Europeo y antiguo Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani) la que impulsó el cambio de paradigma que fue recogido en nuestro país con entusiasmo por los que éramos responsables a mitad de esta década de dirigir la política industrial. De hecho, fruto del esfuerzo de un grupo de países de la Unión Europea, entre los que siempre [...]

Recientemente se ha anunciado por parte de las autoridades de competencia norteamericanas la decisión de repartirse el trabajo de análisis e inicio de casos contra Google, Facebook y otros gigantes del mundo digital.La decisión por parte del Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission de estudiar a fondo el comportamiento de estas empresas y las consecuencias futuras que esto puede traer consigo, supone un importante cambio de enfoque respecto de la política seguida hasta ahora al otro lado del Atlántico y de lo que se ha hecho en Europa en los últimos años (la Comisión europea ha sancionado ya tres veces a Google desde 2017 con multas que superan los 8.000 millones de euros, lo que indica un enfoque ligeramente distinto).El porqué de este cambio hay que buscarlo en las dificultades que el análisis del funcionamiento de los nuevos modelos de negocio basados, muchos de ellos, en las plataformas digitales, suponen a las autoridades de competencia y el consiguiente desconcierto acerca de las implicaciones que pueden derivarse de su intervención.Y ello porque a pesar de tratarse de empresas con posiciones de dominio en muchos de los mercados en los [...]