Recientemente se ha anunciado por parte de las autoridades de competencia norteamericanas la decisión de repartirse el trabajo de análisis e inicio de casos contra Google, Facebook y otros gigantes del mundo digital.

La decisión por parte del Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission de estudiar a fondo el comportamiento de estas empresas y las consecuencias futuras que esto puede traer consigo, supone un importante cambio de enfoque respecto de la política seguida hasta ahora al otro lado del Atlántico y de lo que se ha hecho en Europa en los últimos años (la Comisión europea ha sancionado ya tres veces a Google desde 2017 con multas que superan los 8.000 millones de euros, lo que indica un enfoque ligeramente distinto).

El porqué de este cambio hay que buscarlo en las dificultades que el análisis del funcionamiento de los nuevos modelos de negocio basados, muchos de ellos, en las plataformas digitales, suponen a las autoridades de competencia y el consiguiente desconcierto acerca de las implicaciones que pueden derivarse de su intervención.

Y ello porque a pesar de tratarse de empresas con posiciones de dominio en muchos de los mercados en los que operan (búsquedas, publicidad on line, redes sociales o aplicaciones para móviles…) no cobran por sus servicios, los mejoran continuamente y han aumentado las posibilidades para empresas y consumidores de forma exponencial.

Se produce, de esta manera, una situación un tanto paradójica en la que empresas con un supuesto poder de mercado no están dañando, aparentemente, a los consumidores, por lo que lo que la justificación de la intervención desaparece.

Esto es así en parte porque las plataformas digitales aumentan su eficiencia a medida que crece su clientela, gracias a las economías de red, alcance y escala que obtienen en la prestación de sus servicios. Ello aporta importantes beneficios para los consumidores, al crear categorías de productos y servicios completamente nuevos, y beneficia también a las empresas al reducir los costes de creación y expansión de las mismas. En muchos casos, el ganador se lleva la mayor parte del mercado como consecuencia de una combinación de éstas economías, la integración de productos, servicios y hardware o de los sesgos en el comportamiento de los consumidores.

Lo anterior, no obstante, lleva al gigantismo y la concentración de los mercados, muchos de los cuales están dominados globalmente por una o dos de las mismas 5 grandes empresas digitales: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft.

Esto sin duda deja a estos gigantes sin rivales y con ello desaparecen muchas de las ventajas predicadas de la competencia.  Así, a pesar de la política de precio cero típica de estos mercados, los consumidores ya pagamos en forma de cesión de nuestros datos – que podríamos cobrar-; las empresas posiblemente estén pagando una prima en sus costes publicitarios por el enorme poder acumulado por estas empresas en el mercado de publicidad on line (Google + Facebook tuvieron en 2017 el 25% de los ingresos publicitarios globales y el 60% de la publicidad on line) o los clientes de Apple pueden estar pagando de más en la compra de aplicaciones como consecuencia de las normas que impiden su adquisición fuera del ecosistema.

A pesar de la complejidad del asunto, informes recientes permiten arrojar un poco de luz sobre las posibles herramientas y políticas públicas que se pueden adoptar para lograr una intervención ponderada. Una que permita, de un lado no obstaculizar la innovación y el dinamismo propio de estos mercados y, de otro, limitar el enorme poder acumulado por estos gigantes y con ello las prácticas para eliminar a nuevos entrantes más dinámicos e innovadores que ellos.

Los instrumentos de política de competencia, tal y como los conocemos (control de concentraciones y sanción de abusos), pueden resultar insuficientes, dada su incapacidad para adaptarse a la rapidez del cambio de estos mercados y el carecer de remedios claros, siendo necesario acudir a nuevas propuestas.

Dentro de estas desatacan aquellas que, como las del premio Nobel J. Tirole, proponen una mayor interacción entre las empresas y las autoridades, en las que las primeras – con un mayor conocimiento del negocio- propongan soluciones y los poderes públicos dispongan a la luz de éstas. Ello serviría para mejorar el conocimiento de estas industrias, generar confianza en los operadores y reducir la incertidumbre, con una regulación flexible que se vaya adaptando a medida que se vaya comprendiendo mejor las complejas dinámicas del funcionamiento de estos mercados.

O aquellas que, como el informe Furman1 en Gran Bretaña o el elaborado por Centro Stigler de Chicago 2 – ponen los datos en el centro del problema y proponen soluciones que aseguren de un lado la interoperatibidad de las plataformas con los productos de terceros competidores, mejorando con ello el acceso de éstos a aquellas y de otro la portabilidad de los datos, de modo que los clientes podamos migrar nuestros datos de un proveedor a otro y con ello dinamizar la competencia.

Ello iría acompañado de la creación de un organismo público- mezcla de autoridad antitrust y de protección de datos- que vigile el cumplimiento de las normas por parte de los gigantes tecnológicos, eliminando con ello una de las barreras clave para entrar en estos mercados.

1) Unlocking digital  competition
https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition- report-of-the-digital-competition-expert-panel
2) Committee for the Study of digital platforms market structu
https://research.chicagobooth.edu/stigler/events/single-events/antitrust-competition-conference/digital-platforms-co
 

Autor: Eduardo Prieto Kessler