Hablar hoy de política industrial está de moda. Pero no ha sido así hasta hace poco más de 5 años. Y no digamos hace 25 años, cuando lo que estaba de moda era la filosofía que se podía resumir en la desafortunada frase de que “la mejor política industrial es la que no existe”.

La crisis demostró que aquellos países donde el sector industrial tiene un peso importante en el PIB han sufrido menos sus consecuencias y les ha permitido capearla en mejor medida. Además, un peso industrial relevante otorga mayores dosis de estabilidad a las economías, garantiza un empleo de más calidad y está ligado a un sector exterior más competitivo y a mayores inversiones en I+D+i.

Fue la Unión Europea (liderada por el hasta hace poco presidente del Parlamento Europeo y antiguo Comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani) la que impulsó el cambio de paradigma que fue recogido en nuestro país con entusiasmo por los que éramos responsables a mitad de esta década de dirigir la política industrial. De hecho, fruto del esfuerzo de un grupo de países de la Unión Europea, entre los que siempre nos encontramos nosotros, se está elaborando una Estrategia de política industrial con contribuciones muy recientes como la del grupo de expertos (High level industrial roundtable) que recientemente ha salido a la luz. La nueva Comisión, que nacerá en las próximas semanas, debería mantener como una de sus  prioridades la elaboración de dicha estrategia.

Nuestro país debe asumir un papel protagonista en el desarrollo de este nuevo paradigma y posicionarse como uno de los líderes a nivel comunitario en el activismo de la política industrial. Para ello, una de las claves del éxito de una estrategia industrial dinámica es la existencia de un marco institucional adecuado. Dani Rodrik asegura que “en política industriales es más importante especificar el proceso que el resultado”; es decir, pone de relieve la gran trascendencia de disponer de un marco institucional apropiado, de manera que sería mejor una “second-best policy” en un marco institucional adecuado que una “first-best policy” con un marco inadecuado.

Una vez llegados a este punto, cabe preguntarse cuáles deberían ser las condiciones necesarias para disponer de ese marco institucional adecuado, teniendo en cuenta la gobernanza económica y política de la que nos hemos dotado en España. En mi opinión, las condiciones necesarias (aunque seguramente no suficientes) deberían ser las siguientes:

a) La política industrial debe constituirse como una política de Estado. Esta afirmación contiene varias sub-afirmaciones. Por un lado, debe existir continuidad dentro de las administraciones públicas en los objetivos y en la gestión de la política industrial. Por otro lado, sería conveniente alcanzar un pacto de Estado de política industrial donde existiera un diagnóstico e intereses comunes entre el sector público y las organizaciones empresariales y sindicales así como entre las distintas fuerzas políticas.

b) Sin embargo, casi más importante que el hipotético pacto de estado, sería alcanzar un pacto “de gobierno”. La política industrial se caracteriza por ser una política de índole claramente transversal, de manera que decisiones en áreas de lo público aparentemente alejadas entre sí tienen consecuencias muy determinantes sobre la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía y por tanto sobre la política industrial. Por ello, para que estas decisiones sean coherentes entre sí y en especial con los objetivos de la política industrial, es necesario que exista una clara coalición de intereses entre las distintas áreas de la Administración pública y entre los distintos Ministerios. Es por ello por lo que creemos indispensable una pacto dentro del gobierno que establezca la competitividad de la economía española como uno de los principales objetivos de la acción gubernamental. Como señaló el ministro Eguiagary “es necesario industrializar la política económica”.

c) Son necesarias también algunas modificaciones en la estructura de los órganos de gobernanza que aseguren esa mayor relevancia de la política industria. Desde luego es esencial que exista un Ministerio de Industria de manera que el área industrial no se vea opacada por otras áreas ministeriales en la configuración de la estructura del gobierno de la que se dote nuestro país. Pero además es esencial que el departamento de industria tenga categoría de Secretaría de Estado. Y no sólo por el mensaje político que se está trasladando con esta modificación estructural, sino especialmente, desde un punto de vista práctico, porque dicha configuración permitiría al titular de industria su participación en la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, participación que en el momento presente le está vedada por su condición de Secretario General. En este sentido, es evidente que si estamos de acuerdo con la relevancia de la política industrial es necesario que dicho área tenga voz y voto en el principal órgano de decisión administrativo de segundos niveles de la administración pública.

d) Asimismo, se requiere que la configuración de la arquitectura ministerial se diseñe de forma que quede ligado de manera permanente el Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) con la política industrial. La política de innovación está intrínsecamente unida a la política industrial ya sea como parte inicial del desarrollo de dicha política industrial o prácticamente como el núcleo de la misma. Hoy en día no se concibe una política industrial donde la parte de impulso y estímulo de la innovación no esté jugando un papel significativo. La gran mayoría de los países de la Unión Europea lo tienen así diseñado y la propia Comisión Europea centra sus esfuerzos de política industrial en muchos casos en el ámbito de la innovación.

e) Por último, otra de las condiciones necesarias para que la política industrial tenga un papel determinante en la política económica, y por extensión en las políticas públicas, tiene que ver con la dimensión supranacional, y más concretamente con la Unión Europea. En este sentido, es necesario adoptar una posición muy activa en los Consejos de Competitividad y en el órgano que prepara sus trabajos y conclusiones como es el caso del “High Level Group” de competitividad. Debemos concienciarnos de que, por un lado, las decisiones que se tomen en los distintos foros de decisión de la Unión Europea tienen una repercusión directa y trascendente sobre el devenir de nuestras políticas económicas sectoriales y, por otro lado, que precisamente por ello no debemos dejar que la gestión de las políticas comunitarias adquiera un carácter “de segundo nivel” en la gestión de nuestros directivos públicos. En este ámbito también sería necesario mantener políticas de Estado, de manera que nuestro activismo en dirigir la agenda industrial de la Unión Europea no fuera producto de loables esfuerzos personales sino que responda a una estrategia de largo plazo al margen de quien ocupe los distintos puestos directivos.

En definitiva, lo que se trata es de dotar a la política industrial del marco político-administrativo adecuado para que pueda ejercer en todas sus dimensiones su función capital de ser en última instancia el vigilante de la competitividad de la economía española. Solo de esta manera nuestra economía podrá avanzar en el impulso de la productividad y del bienestar general de nuestros ciudadanos.

Autor: Mario Buisán García