Nos ha tocado vivir un tiempo de profundos cambios y transformaciones. El uso generalizado de las TIC e internet, y la globalización de la economía hace que los ciudadanos, las empresas y las Instituciones tengamos que adaptar nuestros comportamientos al nuevo paradigma. Así, según datos INE, hoy en España un 53.8 % de la población entre 16 y 74 años usa internet diariamente, 8 de cada 10 ciudadanos utiliza redes wifi, y un 96.1 % de las empresas de más de 10 trabajadores usa internet.
A su vez, este cambio tecnológico está siendo sin duda el dinamizador de una globalización creciente de la economía, que a su vez induce a un mayor uso y rápida incorporación de los avances tecnológicos e innovaciones que van apareciendo en cualquier parte del mundo, retroalimentando así el proceso. Ante esta nueva realidad, la clave para el crecimiento económico de un país no reside ya tanto en la dotación de factores o en un coste del factor trabajo comparativamente mas bajo; la competitividad en el mercado nacional e internacional, o mejor dicho en la economía global, depende mucho mas de las innovaciones en productos y procesos, de la capacidad para adaptarse a los avances, del know how, y de un capital humano con el conocimiento y los “skills” adecuados a los nuevas pautas de funcionamiento.
En este contexto, un “Economista del Estado” debe plantearse en qué medida el papel del Estado en la vida económica debe cambiar también y adecuarse a las necesidades de los nuevos tiempos. La cuestión tiene dos aspectos: uno referido al grado de intervención en la actividad productiva y el funcionamiento de los mercados, y otro a su papel como impulsor del crecimiento y desarrollo económico.
En cuanto a la primera cuestión, el viejo debate, muy ideologizado a lo largo de todo el siglo XX, entre modelos más intervencionistas y modelos más liberales hay ido evolucionando hasta centrarse más en conceptos como “Good Governance” o “Better Regulation”. La provisión de “bienes preferentes” y sus externalidades, o la corrección de “fallos del mercado” son elementos aceptados hoy como justificación razonable de un cierto papel del Estado en la asignación de recursos. Hay un cierto consenso en los países de nuestro entorno en que lo importante es que la actuación de los Gobiernos en la economía, y las políticas públicas, sean eficaces y eficientes. La cuestión no es tanto si la propiedad o la gestión es pública o privada, sino si es eficaz y eficiente. Hay ejemplos de gestión pública excelente y de gestión pública nefasta, lo mismo que los hay en la gestión privada.
Pero es claro que además de proveer servicios públicos, regular la provisión de servicios de “interés general”, garantizar la competencia en los mercados, y dotar de infraestructuras, el Estado debe jugar un papel activo para apoyar un desarrollo económico que genere un bienestar creciente a los ciudadanos, y una buena distribución de la riqueza generada. La pregunta es si en un mundo cada vez más globalizado y con una dinámica de avance tecnológico continuo, el Estado debe hacer lo mismo que ha venido haciendo en las últimas décadas o debe hacer algo distinto. Impulsar sectores clave para la economía nacional o fomentar la exportación, siguen siendo elementos criticos de una acción del Estado, pero debe hacer algo más en particular el sector Público para potenciar la competitividad y el crecimiento de la economía ?.
Parece razonable pensar que aparte de impulsar los sectores que generan hoy más actividad economica, directa e inducida, y más empleo, el Estado debería tratar de impulsar la innovación y el desarrollo de aquellos sectores con más potencial de dinamismo y de generación de empleo futuro. La cuestión es cómo hacerlo.
Aunque en economía no hay respuestas simples, vale la pena reflexionar sobre el análisis que hace Mariana Mazzucato en su libro “The Entrepeneurial Estate. Debunking public vs. private sector Myths”. En el, tras estudiar las innovaciones generadas e incorporadas en los sectores TIC y farmacéutico en EEUU y RU en los últimos años, llega a la conclusión que un factor clave en ese dinamismo ha sido la I+D desarrollada en Centros Públicos. En contra de la idea dominante de que los grandes avances son resultado de la inversión privada en I+D, parece más bien que las empresas privadas se han basado, en gran medida, en avances y descubrimientos financiados con fondos públicos para incorporarlos a sus productos o procesos y generar innovaciones. El caso más paradigmático analizado es el de Apple. El mérito innegable de Steve Jobs fue no tanto invertir en I+D, sino saber identificar avances conseguidos en diferentes laboratorios públicos y “aprovecharse” de ellos incorporándolos e integrándolos en unos dispositivos eficaces, cómodos y atractivos.
Si ha sido así, y el trabajo de Mazzucatto parece evidenciarlo, es claro que el Estado debe considerar y priorizar hoy, como una política clave para el crecimiento y la competitividad, la I+D de los Centros públicos. Hace años, se hablaba de Inversión básica frente a Inversión aplicada, asociando la primera a los centros estatales y la segunda a empresas, o a centros o universidades con proyectos asociados a empresas. Hoy el enfoque ha cambiado. La investigación en centros públicos, nacionales o internacionales en los que participamos, no sólo es potencialmente generadora de nuevos descubrimientos y avances, sino que además, en muchos casos, incentiva a que las empresas que trabajan con ellos incorporen innovaciones en respuesta a las necesidades que deben solucionar. Así, las que desarrollan y fabrican las máquinas, los mecanismos de control, el software, o los nuevos materiales, respondiendo a los requerimientos de los investigadores para poder hacer su trabajo, acaban incorporando nuevos avances que posteriormente pueden tener amplias aplicaciones en otros sectores. Un ejemplo claro son los avances en medicina o en tratamiento de frío, derivados de trabajos realizados por empresas y centros para el CERN; en fotónica, fotografía digital o mecánica de precisión derivados de tecnología para telescopios; o las aplicaciones en materiales y Nanotecnología. Sobre esta última, un dato elocuente: según un reciente análisis de la National Science Foundation/WTEC en el 2010 trabajaban en Nanotecnología en el mundo medio millón de personas; se calcula que cada tres años se duplica la cifra de trabajadores y productos, estimándose para el 2020 un mercado de 3 trillones de dólares y seis millones de puestos de trabajo.
Ante este nuevo entorno, y del mismo modo que las empresas y ciudadanos hemos de adaptarnos a las reglas de juego del mundo en que nos ha tocado vivir, el Estado no debe caer hoy en la inercia del pasado. Debe jugar un papel más activo en el desarrollo de industrias y servicios avanzados, con lo que implica de generación de liderazgo tecnológico, capacitación y know how. El apoyo a la I+D en centros públicos, el impulso a la “Industria de la ciencia”, esto es, las empresas que trabajan mano a mano con estos centros de Investigación, y una mayor colaboración público privada en estos ámbitos deben ser elementos a priorizar. La clave del crecimiento futuro va por ahí.
Sin duda, ello debe hacerse evaluando la eficacia y eficiencia de las políticas y acciones que se desarrollen. Pero esto de la evaluación ya sería objeto de otra reflexión.
Por Fernando Ballestero
Cielos, afirmaciones como “el Estado debería tratar de impulsar la innovación y el desarrollo de aquellos sectores con más potencial de dinamismo y de generación de empleo futuro” no deberían propinarse sin anestesia ni sin advertir sobre los fallos de Gobierno.