Artículo de José Luis Lancho

El sistema sanitario español presenta, en general, un balance positivo pero está necesitado de reformas orientadas a mejorar su gestión.

Los gestores de la Sanidad Pública, responsables de la asignación de los recursos económicos entre los distintos centros sanitarios, necesitan conocer, para que esta asignación sea eficiente, los resultados obtenidos en términos de salud por los diferentes centros sanitarios así como los costes de los procesos atendidos.

La información respecto de la calidad de la asistencia es, asimismo, necesaria para el paciente, como lo es para el facultativo (o facultativos) responsable del tratamiento.

¿Cuál es el coste, por ejemplo, del tratamiento de un cáncer de pulmón o un implante de cadera, en función del centro que atiende al paciente?

Tampoco el paciente ni el médico responsable disponen de información de los resultados, en términos de salud, de los tratamientos aplicados en los diferentes centros, por lo que la elección del hospital idóneo, en la práctica, es imposible

El gasto sanitario representa una parte importante de nuestro PIB, el 10 por 100, pero si se satisficiese la demanda de asistencia sanitaria hasta unos límites razonables, reduciendo las listas de espera, su eliminación es imposible, muy probablemente, a corto plazo, el gasto sanitario alcanzaría el 12 por 100 del PIB.

Dos potentes motores impulsan este gasto: la mejora del nivel de vida de la población – a mayor renta mayor demanda de asistencia sanitaria – y, en segundo lugar y paradójicamente, el éxito del sistema sanitario que se traduce en un aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población genera un aumento importante de la demanda de asistencia sanitaria. Este crecimiento del gasto sanitario a un ritmo superior al que crece el PIB, exige su gestión eficaz, objetivo que la Administración Sanitaria está lejos de alcanzar.

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