España ha incrementado su déficit público de forma desproporcionada entre 2007 y 2010, en su mayor parte por entrar a funcionar los estabilizadores automáticos para paliar la fuerte recesión, especialmente por la excesiva rigidez del sistema laboral español que es el que genera más desempleo de toda la UE en cada recesión pero también por el mayor gasto público derivado de los ingresos fiscales de la burbuja inmobiliaria.

En 2010, se acordó conseguir un déficit fiscal máximo del 6% del PIB en 2011, del 4,4% del PIB en 2012 y del 3% del PIB en 2013 basados en que su tasa de crecimiento sería respectivamente un 1,3% en 2011, un 2,3% en 2012 y un 2,4% en 2013. Sin embargo, en 2011 el crecimiento ha sido sólo del 0,7%, 0,6 puntos porcentuales menos y según estimaciones del Gobierno, en 2012 va a ser sólo de -1,7%, 4,0 puntos porcentuales menos y en 2013 sólo será de 0,2%, 2,2 puntos porcentuales menos.

En 2011, se han incumplido los compromisos de déficit adquiridos con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en gran parte por desviaciones de las CCAA, lo que ha reducido la credibilidad y aumentado el coste de servir la deuda. Las prestaciones y subsidios de desempleo cuestan anualmente más del 3% del PIB y otro 3% el coste de servir la deuda. De haberse hecho una reforma laboral como la actual muchos años antes no existiría problema fiscal alguno.

Ahora, tras evitar una reducción del déficit que tendría haber sido de 5 puntos porcentuales del PIB en un solo año (record de la historia) nos hemos comprometido a reducir el déficit público en 3,7 puntos porcentuales en 2012, pero con crecimiento negativo y al tiempo que familias, empresas y entidades financieras están des-apalancándose, pero hay que cumplirlo. Pero además, estamos comprometidos a alcanzar el 3% del PIB en 2013, lo que supondría otro recorte adicional de 2,3 puntos porcentuales de PIB en un solo año en que casi no habrá crecimiento.

El peligro de estos esfuerzos fiscales tan duros y en tan corto tiempo es que podemos entrar en un proceso de retroalimentación negativa del que sería muy difícil salir. Las recesiones suelen aumentar los multiplicadores fiscales haciendo que sean mayores que 1. Es decir, por cada punto porcentual de PIB que se reduce el gasto público o se aumentan los impuestos, el impacto negativo sobre el crecimiento del PIB es mayor que 1, con lo que se los ingresos fiscales caen y puede llegar a caerse en una “trampa de la deuda” como ha ocurrido en Japón y está ocurriendo ahora en Grecia y Portugal.

¿Qué puede hacerse para evitarlo?

Primero, hay que intentar pasar a calcular los déficits públicos en términos estructurales, descontando la posición cíclica, como hace el nuevo Pacto Fiscal y no en términos nominales como requiere el PEC. De esta forma podría llegar a cumplirse lo comprometido.

Segundo, de no esto ser posible, habría que retrasar al menos dos años su cumplimiento ya que varios estados miembros no periféricos, como Francia y Holanda pueden tener serias dificultades para cumplirlo.

Tercero, Alemania y otros estados miembros que tienen muy poco déficit fiscal y superávit corriente tienen aumentar sus salarios y estimular su demanda interna para ayudar a que crezcan los de la periferia exportando a dichos estados.

Cuarto, el euro tendría que depreciarse y llegar a $1.20 que es su valor de equilibrio o por debajo ya que el área euro crece mucho menos que EEUU.

Por Guillermo de la Dehesa