Los miembros de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado han votado mayoritariamente expresar, mediante el presente comunicado, su preocupación sobre el alcance de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para anular la responsabilidad penal, administrativa y contable y las acciones de la Justicia española frente a los delitos cometidos relacionados con el procés.
La aprobación de la ley así contemplada deslegitimaría la respuesta institucional que nuestro Estado de derecho dio en defensa del ordenamiento jurídico, atentaría contra los principios de igualdad y separación de poderes y dejaría impunes delitos contra el orden constitucional y de malversación, entre otros.
Quedaría, por tanto, sin efecto la actuación y gestión que muchos compañeros funcionarios, también de nuestro propio Cuerpo, realizaron en defensa de la legalidad, el ordenamiento jurídico y el orden constitucional, con los que queremos mostrar plena solidaridad.
El Estado de derecho y la separación de poderes constituyen la piedra angular del funcionamiento de la Administración General del Estado. Socavarlos afecta directamente al núcleo de nuestro ejercicio profesional y al código de conducta por el que nos regimos tal y como se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público. Su deterioro nos desprotegería frente a la arbitrariedad del poder político y debilitaría la reputación institucional de nuestro Estado.
Los funcionarios de la Administración General podemos cumplir con imparcialidad e independencia con nuestros deberes y obligaciones, así como ejercer nuestros derechos, gracias única y exclusivamente a la garantía que ofrece el respeto por el ordenamiento jurídico y a un correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.
Como Técnicos Comerciales y Economistas del Estado queremos recordar que un buen funcionamiento de nuestras instituciones públicas es clave para el desarrollo económico. Garantiza a los agentes económicos la seguridad jurídica en sus transacciones, permite la libre competencia entre empresas y promueve la igualdad de oportunidades para empresas y ciudadanos. Por su parte, el progreso social promovido desde la acción pública descansa sobre la calidad de nuestras instituciones, para lo cual la estabilidad y la eficacia de la Administración resultan determinantes.