La economía española partía hace un año y medio de una situación de recesión profunda. En la actualidad España sigue sufriendo una grave situación de desempleo y falta de financiación bancaria. Sin embargo, después de un intenso periodo de profundas reformas económicas, se percibe una clara mejora de la financiación internacional, del saldo del sector exterior, una consolidación palpable del déficit público y un aumento de la actividad industrial, principalmente en el sector de automoción y telecomunicaciones. Hoy los indicadores económicos adelantados señalan una recuperación incipiente de la economía española.

Esta mejoría es fruto de un esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas, agentes sociales y Gobierno. El intenso esfuerzo reformador del Gobierno durante año y medio, que seguirá durante toda la legislatura, se ha centrado en crear un marco normativo claro, flexible y abierto que fomente la actividad empresarial y la creación de empresas como motor principal del crecimiento económico y del empleo en España.

Para que el crecimiento futuro sea fuerte y sostenido es importante que una parte de la recuperación sea liderada por el sector industrial. España debe centrar una parte importante de sus esfuerzos en la reindustrialización de la economía para recuperar el peso industrial del 20%, en términos de valor añadido bruto, en el año 2000, desde el 15% de la actualidad, en consonancia con los objetivos marcados para la Unión Europea por el Vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani.

Para ello el Gobierno está impulsando medidas que fortalezcan las capacidades competitivas de las empresas, como la educación y la investigación; el flujo de crédito a través de la reforma financiera; y el marco adecuado para la inversión con estabilidad macroeconómica y regulación competitiva y ágil de mercados de bienes y servicios.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo actúa desde una política industrial, tecnológica y energética activas. Para la mejora del clima de negocio en empresas industriales, el Ministerio avanza con medidas de aportación de financiación no bancaria y mejora regulatoria. El apoyo a entidades como ENISA y CERSA y la provisión de nuevos programas de ayudas a particulares en el sector de la automoción y naval crean fuentes de financiación alternativas, esenciales en un contexto de estrangulación del crédito. La simplificación de trámites para la constitución de empresas o la Ley concursal adaptada mejoran el clima de negocios y aumentan la atracción para la inversión y el desarrollo de activos estratégicos para la innovación y el crecimiento.

El sólido plan de reindustrialización, tendrá como protagonista el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El desarrollo de la sociedad y economía digital es un estímulo fundamental para el crecimiento de la industria y la mejora de la competitividad económica. Entre los últimos logros, disponer de una buena infraestructura de red de alta velocidad de 4ª generación aumentará la productividad de la Administración, ciudadanos y empresas.

El último pilar de medidas del Ministerio para el aumento de la competitividad busca la disminución de los costes de energía nacionales que, ahora, son mayores que la media de la Unión Europea. Por una parte, la reforma energética está orientada a proveer un sistema energético seguro y sostenible, solventando el problema inmediato del déficit tarifario cuya financiación será distribuida entre empresas, consumidores y Estado. Por otra, el impulso de nuevas prospecciones de hidrocarburos buscan aumentar la oferta y, en consecuencia, abaratar el aprovisionamiento de energía para empresas y ciudadanos.

En definitiva, la política industrial española a través de un diverso y profundo conjunto de medidas para desarrollar un sector industrial sólido y competitivo, está aunada en el esfuerzo común de ciudadanos y Gobierno de crecimiento y creación de empleo sobre una economía basada en la innovación y el conocimiento.

Por José Manuel Soria